Guía para consumidores

Información en relación al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Consumidores/usuarios – Extracto exposicion de motivos

El Real Decreto-Ley 11/2020 recoge diversas medidas orientadas a la protección de los derechos e intereses de consumidores y usuarios:

  • Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad, al que podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, las personas físicas, en su vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten ante la comercializadora de referencia, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75 por ciento en promedio respecto al semestre anterior.
  • Se adopta un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la continuidad del suministro energético y de agua para hogares mientras dure el estado de alarma. Para ello, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro a consumidores domésticos en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores. Asimismo, el periodo de tiempo en que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos de los de los procedimientos de suspensión del suministro iniciados con anterioridad a dicho periodo.
  • Se adoptan diferentes medidas aplicables a los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. En estos casos, los consumidores y usuarios podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días:
    • En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad; no obstante, el contrato no queda rescindido.
    • Por su parte, en el caso de la prestación de servicios que incluyan a varios proveedores, como los viajes combinados, el consumidor o usuario podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.
  • Se introduce una Disposición adicional decimonovena ante la situación generada en la Administración de Justicia derivada de la pandemia del coronavirus, se determina que el Gobierno aprobará un plan específico de actuación en el ámbito de los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo y así como en al ámbito de los Juzgados de lo Mercantil. En estos concretos ámbitos de actuación judicial es previsible que se produzca un notable incremento de los de asuntos como consecuencia del aumento del número de despidos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial o declaraciones de concursos y reclamaciones de consumidores entre otras actuaciones.
  • Asimismo, se refuerzan, por un lado, algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, como las relativas a la protección del consumidor en relación con las comunicaciones electrónicas:
    • Dado que no todas las operaciones de portabilidad numérica requieren de un desplazamiento físico a los centros de atención al cliente o a los domicilios de los usuarios, se modifica dicho artículo para establecer que la suspensión de la portabilidad sólo afectará a aquellas operaciones en las que sea necesaria la presencia de los operadores involucrados o sus agentes o del usuario, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.
    • Adicionalmente, se refuerza la protección de consumidores y usuarios al prever que estos no podrán ver incrementadas en sus tarifas el periodo de tiempo en que, como consecuencia de la suspensión, no pueden solicitar un cambio de compañía proveedora de servicios de comunicaciones electrónicas.

PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA HABITUAL

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, si finaliza la prórroga (obligatoria o tácita) entre el 2 de abril de 2020 y pasados dos meses desde el fin del estado de alarma, el arrendatario puede solicitar una prórroga extraordinaria por un máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor

El arrendador no puede negarse a esta prórroga, sin perjuicio de que ambas partes puedan acordar otros términos o condiciones.

MORATORIA DE LA DEUDA ARRENDATICIA

Recoge el real decreto-ley un paquete de medidas dirigidas a la necesaria protección a los colectivos más vulnerables que, a consecuencia de la crisis del COVID19 puedan ver sensiblemente afectada su capacidad para hacer frente al alquiler, al tiempo que se garantiza un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores, especialmente a aquellos para los que los ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales.

Pueden encontrar la explicación detallada de estas medidas en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/seccion-viv 

MORATORIA DEUDA HIPOTECARIA

Pone en marcha el real decreto-ley una moratoria del pago durante la cual la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización de capital, pago de intereses, etc.), y sin que se pueda incrementar la deuda con más intereses y recargos. 

Esta moratoria consiste en una suspensión de la deuda hipotecaria que pueden solicitar las siguientes personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica:

  1. Las personas que estén pagando cuotas hipotecarias para la adquisición de su vivienda habitual.
  2. Las personas as que estén pagando cuotas hipotecarias por el local en el que desarrollan su negocio, en el caso de los autónomos.
  3. Las personas as que estén pagando cuotas hipotecarias para la adquisición de vivienda que destine al alquiler y haya dejado de percibir renta del inquilino tras el estado de alarma.

Se considera que el solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad económica a estos efectos, si, como consecuencia del COVID-19, concurren conjuntamente todas las condiciones siguientes:

  1. Pasar a estar en situación de desempleo o, siendo autónomo, sufrir una caída de las ventas de al menos un 40%.
  2. Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el IPREM. 

No obstante:

  • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, este límite será de cuatro veces el IPREM.
  • Estos límites se incrementarán en: (a) 0,1 veces el IPREM por cada hijo, o 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental; (b) 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar. 
  • En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite será de cinco veces el IPREM.
  1. Que la cuota del préstamo hipotecario, más los gastos y suministros básicos (incluyendo en este concepto los gastos asociados a  suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente y de los servicios de telecomunicación fija y móvil) resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar.
  2. Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

La moratoria hipotecaria no requiere consentimiento ni pacto por las partes de ningún tipo. Es una medida que opera automáticamente cuando la pide el deudor.

Solo es necesario solicitarlo al banco y acompañar la siguiente documentación

  1. El certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de  prestaciones o subsidios por desempleo. 
  2. Para acreditar el cese de actividad de un autónomo, si fuera el caso, el certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la comunidad autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 
  3. El libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
  4. Un certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores. 
  5. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral. 
  6. Una nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. 
  7. Las escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda destinada al alquiler, o del inmueble afecto a la actividad económica, así como las escrituras de concesión del préstamo o préstamos con garantía hipotecaria, según sea el caso. 
  8. En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda destinada al alquiler, deberá aportarse el correspondiente contrato de arrendamiento. 
  9. Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes.

Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a d) podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionado con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

El efecto es que el contrato se interrumpe y, por tanto, mientras dure la moratoria:

  • El deudor en situación de vulnerabilidad económica puede suspender el pago de la cuota hipotecaria. 
  • El banco no le exigirá el pago de la cuota hipotecaria.
  • El banco no le exigirá, como consecuencia de la moratoria, nuevos intereses distintos de los ya previstos en su contrato de préstamo.

Al terminar el plazo de la moratoria:

  1. El deudor que se beneficie de ella tendrá que comenzar a pagar la cuota hipotecaria de nuevo.
  2. Se trasladará hacia adelante la fecha de vencimiento del préstamo, añadiéndose al calendario de vencimientos el mismo número cuotas que aquellas que se dejó de pagar, sin que se puedan añadir dentro de las cuotas intereses correspondientes al tiempo de suspensión.

Los deudores vulnerables podrán solicitar la moratoria desde el 17 de marzo hasta el 11 de mayo de este año. No obstante, podrá prorrogarse este plazo por el Gobierno.

El Real Decreto-ley 11/2020 amplía el plazo de la moratoria hipotecaria a tres meses desde el momento desde que el deudor acredite frente la entidad su situación de vulnerabilidad, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, el Gobierno pueda prorrogar su duración.

Los deudores vulnerables podrán solicitar la moratoria al prestamista, sea o no banco, en cualquiera de sus sucursales o por cualquier otro canal que tenga habilitado para su relación con él.

La aplicación de la moratoria no requiere acuerdo entre las partes, ni modificación del contrato de préstamo, para que tenga efectos. No obstante, una vez finalizada la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, la moratoria deberá formalizarse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad.

En todo caso, el banco debe aplicar la moratoria sin esperar a que se realice su formalización.

Al margen de la moratoria, el banco y el deudor pueden acordar en cualquier momento modificar otros elementos y efectos del contrato (duración, importe de las cuotas, etc). Cuando esto ocurra, es necesario modificar el contrato previamente suscrito.

Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la moratoria hipotecaria legal serán satisfechos en todo caso por el prestamista y estarán bonificados en un 50 por ciento.

SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO SIN GARANTÍA HIPOTECARIA

Se prevé en el R.D. 11/2020 la suspensión de las obligaciones derivadas de cualquier contrato de financiación sin garantía hipotecaria, tanto para el consumo como para el negocio: préstamos o créditos al consumo, créditos asociados a tarjetas de pago, leasing, etc…

Pueden pedir la moratoria:

  1. Las personas físicas en situación de vulnerabilidad económica que estén pagando cuotas periódicas para amortizar un préstamo, crédito o cualquier tipo de financiación al consumo sin garantía hipotecaria. 
  2. Los trabajadores autónomos en situación de vulnerabilidad económica respecto de los contratos que impliquen financiación sin garantía hipotecaria para su negocio (préstamos, créditos, leasing, factoring, etc).

Se considerará a estos efectos que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica aquella persona en quien concurran todas las condiciones siguientes:

  1. Pasar a estar en situación de desempleo o, siendo autónomo, sufrir una caída de las ventas de al menos un 40%.
  2. Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el IPREM.

No obstante:

  • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, este límite será de cuatro veces el IPREM.
  • Estos límites se incrementarán en: (a) 0,1 veces el IPREM por cada hijo, o 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental; (b) 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
  • En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite será de cinco veces el IPREM.
  1. Que una de las dos cantidades siguientes resulte igual o superior al 35% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar:
  • El importe de la cuota del préstamo hipotecario (aunque esté suspensa), más los gastos y suministros básicos (incluyendo en este concepto los gastos asociados a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente y de los servicios de telecomunicación fija y móvil), o bien; 
  • El importe conjunto del pago mensual del alquiler de la vivienda habitual (aunque esté suspenso) y de la suma de las cuotas o liquidaciones mensuales de los contratos de financiación sin garantía hipotecaria en vigor.

Si se tuviera que hacer frente a un único préstamo sin garantía hipotecaria y no tuviera que hacer frente al pago periódico de una renta por alquiler de su vivienda habitual ni a un préstamo hipotecario, se tendrá en cuenta sólo dicho préstamo sin garantía hipotecaria para el cálculo del límite del 35%.

  1. Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria originada por el COVID- 19, el esfuerzo que represente la carga hipotecaria o alguna de las 3 cantidades a las que se refiere el punto anterior sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

Esta moratoria supone la suspensión del contrato sin necesidad de consentimiento ni pacto entre las partes. Es una medida que opera de forma automática por imperativo legal cuando la pide el deudor.

Además, no es necesaria la modificación (novación) del contrato de crédito original. Sin perjuicio de éllo, el prestamista y el deudor pueden acordar en cualquier momento modificar otros elementos y efectos del contrato al margen de la moratoria. En estos casos, es necesario modificar el contrato previamente suscrito.

Para que una persona pueda acogerse a esta medida:

  1. Solo es necesario enviar una solicitud al banco o a la entidad que concedió el crédito, acompañada de la documentación que se cita más adelante. Esta solicitud se ha de presentar en cualquiera de sus sucursales u oficinas, o bien, por cualquier otro canal de contacto entre ambas partes. Dadas las actuales circunstancias, es preferible realizar la gestión de forma telefónica o telemática, siendo quizás la vía más aconsejable el correo electrónico, toda vez que permite dejar constancia de la solicitud, su contenido, documentación aportada y fecha de envío.
  2. Si el crédito estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, será necesaria la inscripción de la ampliación de plazo que suponga la suspensión, una vez finalizada la emergencia sanitaria. 

El efecto de la moratoria es que el contrato se interrumpe. Esto implica que mientras dure la moratoria:

  1. El deudor que la solicita puede suspender el pago de las cuotas o de la liquidación periódica. 
  2. El prestamista no le exigirá el pago periódico, ni tampoco podrá exigirle como consecuencia de la moratoria, nuevos intereses distintos de los ya previstos en el contrato.

Al terminar el plazo de la moratoria:

  1. El deudor que la solicitó comenzará a pagar de nuevo la cuota del crédito.
  2. Se trasladará hacia adelante la fecha de vencimiento del crédito, añadiéndose al calendario de vencimientos el mismo número cuotas que se dejó de pagar, sin que se puedan añadir dentro de las cuotas intereses correspondientes al tiempo de suspensión.

Los deudores vulnerables podrán solicitar la moratoria desde el 2 de abril hasta el 13 de mayo de este año. No obstante, podrá prorrogarse este plazo por el Gobierno.

La moratoria durará tres meses desde que el deudor acredite frente la entidad su situación de vulnerabilidad. Si bien, el Gobierno, previa evaluación de la situación, puede prorrogar su duración.

El deudor que solicite esta moratoria tendrá que aportar los documentos que acrediten cada circunstancia:

  1. Certificado expedido de la entidad gestora de las prestaciones de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  2. Para acreditar el cese de actividad de un autónomo, si fuera su caso, el certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la comunidad autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  3. El libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
  4. Un certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  5. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral. 
  6. Una nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. 
  7. Las escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda destinada al alquiler, o del inmueble afecto a la actividad económica, así como las escrituras de concesión del préstamo o préstamos con garantía hipotecaria, según sea el caso.
  8. En el caso de que deba tenerse en cuenta la deuda hipotecaria por un inmueble destinado al arrendamiento, deberá presentarse el contrato de arrendamiento. 
  9. Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes.
  10. Contrato o documentación que acredite los créditos sin garantía hipotecaria con otras entidades. 
  11. Contrato de alquiler de la vivienda habitual, si este fuera el caso.

Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a d) podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

DERECHO A PERCEPCIÓN DEL BONO SOCIAL POR PARTE DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE HAYAN CESADO SU ACTIVIDAD O HAYAN VISTO REDUCIDA SU FACTURACIÓN COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19

Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta que se examina más adelante, acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Si el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o autónomo estuviera a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.

Será condición necesaria que la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, sea igual o inferior:

  • A 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar.
  • A 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar. 
  • A 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

La condición de consumidor vulnerable y, por tanto, el derecho a percibir el bono social corresponda, se extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.

En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable a estos efectos se extenderá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha del vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor ha de remitir a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud definido en el Anexo IV del Real Decreto 11/2020,  junto con la siguiente documentación acreditativa:

  1. Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio.
  2. Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
  3. Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
  4. Acreditación de su condición conforme el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.

GARANTÍA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, GAS NATURAL Y AGUA

Durante el estado de alarma no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, salvo por motivos de seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque en los respectivos contratos conste esa posibilidad de suspensión.

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que pruebe de manera fehaciente dicha circunstancia. Lo más aconsejable es un certificado de padrón del titular del suministro que acredite que reside en esa vivienda, aunque entendemos que también son válidas, por ejemplo, facturas de los restantes suministros en las que queda constancia de los respectivos consumos.

Asimismo, el tiempo por el que se extienda estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago. Es decir, la declaración del estado de alarma ha interrumpido, para quienes hayan recibido o reciban requerimientos de pago, el plazo para proceder al abono de la supuesta deuda que se reanudará una vez se declare la finalización del mismo.

RESOLUCIÓN DE DETERMINADOS CONTRATOS SIN PENALIZACIÓN POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Si las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma impiden el cumplimiento de los contratos suscritos por los consumidores y usuarios (ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios -incluidos los de tracto sucesivo-):

  • Sobre la base de la buena fe, se ha de negociar una solución entre ambas partes que atienda a los intereses de ambas. Las posibles soluciones podrán abarcar, por ejemplo, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso, posibilidad ésta recogida en el propio artículo 36, pero que no excluye otros posibles acuerdos, como podría ser pactar una nueva fecha para la entrega de los bienes o para iniciar o retomar la prestación del servicio. En cualquier caso es aconsejable que quede constancia por escrito de ese posible acuerdo.
  • Si no se llegara a ese consenso entre las partes,  el cliente tiene derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. A estos efectos, si transcurren 60 días desde la imposible ejecución del contrato sin que medie ese acuerdo, el empresario queda obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo los gastos en que pudiera haber incurrido que habrá de desglosar y facilitar al consumidor. Esa devolución se ha de realizar en la misma forma en que se hizo el pago y en un plazo máximo de 14 días, salvo que el consumidor y usuario acepte expresamente que se lleve a cabo por otro medio.

Concretamente respecto de los contratos de servicios de tracto sucesivo:

  1. La empresa podrá ofrecer la recuperación del servicio no prestado más adelante.
  2. Sólo si el cliente no puede o no quiere aceptar dicha recuperación, la empresa:
    1. Deberá reintegrar los importes ya abonados proporcionalmente al tiempo de servicio no prestado por dicha causa.
    2. O, mediando la aceptación del cliente, minorará dicha cuantía que de las futuras cuotas que se devenguen por la prestación del servicio. 
  3. Asimismo, la empresa prestadora de servicios no podrá presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo que esta fuese la voluntad de ambas partes.

Cuando se trate de contratos de viaje combinado que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución.

No obstante lo anterior, el organizador, o en su caso el minorista, deberán proceder a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de que estos solicitaran la resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 160 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios. Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje combinado efectuaran la devolución al organizador o, en su caso, al minorista, o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del importe del bono entregado por la resolución del contrato.

El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución.

PORTABILIDAD DE LÍNEAS DE TELEFONÍA

Mientras esté en vigor el estado de alarma, no se realizarán por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de numeración, en la medida que puede incrementar la necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a centros de atención presencial a clientes o de realizar intervenciones físicas en los domicilios de los clientes para mantener la continuidad en los servicios.

Con este mismo fin, mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso para cuya materialización sea necesaria la presencia ya sea de los operadores involucrados o sus agentes, ya sea del usuario, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.

Si ya se hubiese iniciado una operación de portabilidad y hubiese que suspenderla por requerir la realización de alguna actuación presencial para completar el proceso, los operadores involucrados deberán garantizar que dicha operación de portabilidad no se complete y que en ningún momento se interrumpa el servicio al usuario.

Prohibición de incremento de las tarifas de servicios de comunicaciones electrónicas.

Mientras esté en vigor el estado de alarma, y ante la imposibilidad de iniciar un proceso de portabilidad que permita al usuario beneficiarse de una tarifa más económica con otro operador, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas no podrán incrementar los precios de los servicios en los contratos ya celebrados, ya sea de abono o de prepago.

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá dictar instrucciones para la aplicación y aclaración de esta medida.

OTRAS MEDIDAS:

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ya había prorrogado de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social eléctrico para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a dicha fecha el plazo de dos años previsto en el artículo 9.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

Dado que es una prórroga automática recogida expresamente en el citado Real Decreto-ley 8/2020, no es necesario notificarlo a la empresa suministradora de energía eléctrica porque ya conoce ese dato y no puede suspender el suministro. 

Si no es beneficiario del bono social, y cumple los requisitos para ello, se puede presentar la solicitud en la empresa comercializadora de energía eléctrica que emita la factura.

ACLARACIÓN - CÓMPUTO DE PLAZOS PARA LA RESCISIÓN DE AQUELLOS CONTRATOS CELEBRADOS POR CONSUMIDORES/USARIOS QUE DEVENGAN DE IMPOSIBLE EJECUCIÓN A CAUSA DEL COVID-19

El artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, recoge la posibilidad de resolver determinados contratos (compraventa de bienes o de prestación de servicios -incluidos los de tracto sucesivo-) sin penalización para el consumidor/usuario.

Para estos casos, resulta conveniente aclarar cuándo comienza a computar el plazo para el ejercicio de los derechos contemplados en los apartados 1, 2 y 3 del citado precepto.

En este sentido, la regla general es que tales plazos comenzarán a correr una vez finalizado el estado de alarma, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020.

Sin embargo, ello no impide que el consumidor que tenga la opción de ejercer sus derechos con anterioridad, así lo haga.

En todo caso, habrán de respetarse los siguientes plazos:

El consumidor dispone de un plazo de 14 días naturales, a contar desde que se declare por el Gobierno de la Nación el fin del estado de alarma, para instar al empresario la resolución del contrato, salvo que lo hubiera podido hacer ya durante la vigencia del estado de alarma.

Ante la solicitud de resolución del contrato, la empresa puede ofrecer al consumidor otras opciones (por ej., bonos por el importe abonado hasta el momento; la suspensión de la ejecución del contrato con el reinicio de la misma -una vez sea posible- con la correlativa suspensión del pago del precio mensual si fuera un contrato de tracto sucesivo; el traslado de las fechas previstas inicialmente para la actividad/servicio contratado; etc…). Opciones estas que, en caso de ser aceptadas por el consumidor/usuario, darán lugar a la modificación o novación del contrato original.

En caso de que se llegue a esta solución pactada, lo más aconsejable es que se deje constancia por escrito de la aceptación de ambas partes, sea como un anexo al contrato original haciendo mención a la fecha de aceptación, sea como un nuevo contrato que refiera las circunstancias que han dado lugar a la modificación contractual.

Si transcurren 60 días desde la petición de resolución del contrato sin que las partes hayan llegado a un acuerdo sobre la oferta realizada por la empresa, ésta habrá de proceder en un período máximo de 14 días naturales al reembolso del importe (total o parcial) que se hubiera abonado hasta el momento.

Ahora bien, se ha de entender también que si el consumidor se dirige antes del fin del estado de alarma a la empresa solicitando la rescisión del contrato, este plazo de 60 días para alcanzar el acuerdo entre las partes comenzará a correr en ese momento. Es decir, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad prevista en el Real Decreto 463/2020 simplemente paraliza el cómputo del plazo para el ejercicio del derecho hasta que se levante el estado de alarma.

Pero esta suspensión no impide que, quien tenga la posibilidad de hacerlo, pueda ejercitar esos derechos; en buena lógica, si se puede ejercer materialmente el derecho de rescisión porque, por ejemplo, haya una comunicación fluida entre las partes a través de medios telemáticos que dejen constancia del contenido de la misma, ha de comenzar necesariamente el cómputo del plazo de 60 días en aras a la seguridad jurídica y a la salvaguarda de los derechos e intereses de ambas partes.

RECOMENDACIÓN COMISIÓN EUROPEA 2020-648 CANCELACIONES SECTOR TURÍSTICO

Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Texto completo disponible

La Comisión Europea ha adoptado, el día 13 de mayo de 2020, una recomendación relativa a los bonos que los transportistas o los organizadores pueden proponer a los pasajeros o viajeros como alternativa al reembolso del dinero, siempre y cuando aquellos los acepten de forma voluntaria, para los casos de cancelaciones, modificaciones o terminación del contrato ocurridas a partir del día 1 de marzo de 2020 por motivos relacionados con la pandemia de COVID-19.
Con el fin de que estos bonos constituyan una alternativa atractiva y fiable al reembolso del dinero, señala esta Recomendación 2020/648 que al menos los bonos que presenten las características descritas en los puntos 3 a 12 deben estar protegidos contra la insolvencia del transportista o del organizador de forma suficientemente eficaz y sólida.

Y, además, se recogen en los puntos 15 -20 de esta Recomendación una serie de previsiones destinadas a que los Estados miembros puedan decidir si introducen medidas de apoyo para las empresas/operadores del sector y que beneficien a todos los pasajeros o viajeros, con independencia del proveedor de los servicios contratados en su momento.

Concretamente en relación con los pasajeros/viajeros afectados por esta situación, la Recomendación de la Comisión señala en los puntos 3 – 12 las características que han de reunir estos bonos:

“3. Los bonos deben tener un período mínimo de validez de doce meses.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5, los transportistas y los organizadores deben reembolsar automáticamente al pasajero o viajero el importe del bono en cuestión a más tardar catorce días después del final de su período de validez, si el bono no ha sido canjeado. Lo mismo se aplica al reembolso del importe restante del bono en caso de canjeo parcial previo.
4. Si los bonos tienen un período de validez superior a doce meses, los pasajeros y los viajeros deben tener derecho a solicitar el reembolso del dinero como muy tarde a los doce meses de la emisión del bono en cuestión. Deben tener el mismo derecho en cualquier momento posterior, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables en materia de plazos.

Los transportistas y los organizadores pueden considerar la posibilidad de que los bonos sean reembolsables antes de transcurridos doce meses desde su expedición, si el pasajero o el viajero así lo solicita.

5. Los pasajeros y los viajeros deben poder utilizar los bonos para efectuar pagos relacionados con todas las nuevas reservas realizadas antes de su fecha de expiración, incluso si el pago o el servicio tienen lugar después de esa fecha.

6. Los pasajeros y viajeros deben poder utilizar los bonos para el pago de cualquier servicio de transporte o viaje combinado que ofrezca el transportista o el organizador.

7. Según la disponibilidad y con independencia de cualquier diferencia de pasaje o precio,
— los transportistas deben garantizar que los bonos permitan a los pasajeros viajar en la misma ruta con las mismas condiciones de servicio que las especificadas en la reserva original;
— los organizadores deben garantizar que los bonos permitan a los viajeros reservar un contrato de viaje combinado con el mismo tipo de servicios o de calidad equivalente que el paquete cuyo contrato ha terminado.

8. Los transportistas y organizadores deben considerar la idea de ampliar las posibilidades de utilización de los bonos para reservas con otras entidades que formen parte del mismo grupo de empresas.

9. Cuando el servicio de transporte o viaje combinado cancelado se haya reservado a través de una agencia de viajes o de otro intermediario, los transportistas y los organizadores deben autorizar la utilización de los bonos también para nuevas reservas a través de la misma agencia de viajes o del otro intermediario.

10. Los bonos para servicios de transporte deben ser transferibles a otro pasajero sin coste adicional alguno. Los bonos para viajes combinados también deben ser transferibles a otro viajero sin coste adicional alguno, si los proveedores de los servicios incluidos en el viaje combinado aceptan la transferencia sin ningún coste adicional.

11. Con el fin de hacer que los bonos sean más atractivos, los organizadores y los transportistas podrían estudiar la posibilidad de expedir bonos con un valor superior al importe de los pagos efectuados por el viaje combinado o el servicio de transporte reservado originalmente, por ejemplo mediante una cantidad fija adicional o añadiendo servicios.

12. Los bonos deben indicar su período de validez y especificar todos los derechos vinculados a ellos. Deben expedirse en un soporte duradero, como el correo electrónico o el papel.”

Finalmente se recogen en los puntos 21 y 22 sendas previsiones de gran interés destinadas a promover la aplicación de esta recomendación:

Las organizaciones de consumidores y de pasajeros a nivel nacional y de la Unión deben animar a estos a aceptar, en lugar de un reembolso del dinero, bonos que presenten las características y se beneficien de la protección contra la insolvencia descritas en la presente recomendación.

Las empresas, las organizaciones de consumidores y de pasajeros a nivel nacional y de la Unión, así como las autoridades de los Estados miembros, incluidos sus organismos nacionales de ejecución, deben contribuir a que se informe a todas las partes interesadas sobre la presente Recomendación y cooperar en su aplicación.

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