El Ayuntamiento traslada a las empresas que adoptará las medidas legales y económicas posibles para compensar la subida de materiales en las obras ya adjudicadas

Durante unas jornadas organizadas por la asociación Gaesco, la delegada Sonia Gaya desgrana la hoja de ruta para hacer frente a este encarecimiento y reclama una actuación coordinada y coherente en los ayuntamientos que evite disparidades a la hora de adoptar los decretos estatal y autonómico al marco municipal.

La delegada de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya, ha participado hoy en unas jornadas organizadas por Gaesco para analizar la revisión de precios en la obra pública a raíz de los decretos estatal y autonómico aprobados para hacer frente al encarecimiento de los materiales. Durante su intervención en el acto de inauguración, que ha contado también con la consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y con el presidente de Fadeco Contratistas, Rafael Sánchez Alcalá, la delegada ha trasladado a las asociaciones y empresas asistentes que el Ayuntamiento de Sevilla está trabajando en cómo adaptar ambas legislaciones al marco municipal y que, en todo caso, se mantendrá la obra pública actual, que supone su mayor despliegue de inversiones de la última década de la ciudad, a la vez que garantizará que no haya interrupción alguna en las inversiones ni del Consistorio y sus organismos autónomos ni de las empresas municipales.

Gaya ha asegurado ante el foro que se adoptarán las medidas legales y económicas posibles para compensar la subida de los materiales en las obras ya adjudicadas por parte del Ayuntamiento. “El encarecimiento será afrontado con rigor y consenso para que no exista ni una sola obra paralizada ni frenazo en la inversión municipal y, en consecuencia, que no haya secuelas en el tejido empresarial y el empleo generado, al tiempo que trataremos de mantener el volumen inversor en los próximos años”, ha remarcado.

Ante las empresas, Sonia Gaya ha desgranado el contexto de obras en el que se mueve el Ayuntamiento en estos momentos. Por un lado, el mayor volumen de proyectos en marcha de las últimas décadas con inversiones en infraestructuras, patrimonio, equipamientos, reurbanizaciones.... En total, con 34 grandes obras (de más de 500.000 euros cada una) en la ciudad y una en colaboración con la Junta de Andalucía (en Torneo) que suman un volumen de inversión de 226 millones de euros. En estas obras participan, una treintena de grandes empresas en solitario o en UTE y están generando un volumen de contratación directa e indirecta de 3.744 personas. Y por el otro, decenas de pequeños proyectos repartidos por todos los barrios y los grandes contratos de mantenimiento de la ciudad que suman 50 millones entre conservación de viario, parques y jardines y arbolado o señalización semafórica.

Todos estos contratos se licitaron a un precio, se adjudicaron por otro importe y antes del inicio de las obras o durante la ejecución de las mismas la situación económica (crisis sanitaria, huelga del transporte y guerra de Ucrania) y los precios de distintos materiales se modificaron. Lo que supone que muchas empresas, con el estrecho margen que deja la ley para modificados, no puedan asumir los contratos. “Estamos trabajando para solucionarlo desde el rigor”, según ha dicho Sonia Gaya.

“Nuestro compromiso es realizar el máximo esfuerzo económico, jurídico y administrativo posible para así lograr adecuar nuestro gran volumen de obra pública al actual escenario económico. Para ello, llevamos semanas trabajando desde un punto de vista técnico y analizando posibilidades”, ha abundado la delegada en su intervención.

Al respecto, Gaya ha explicado que los ayuntamientos están todos en un proceso de análisis interno jurídico y técnico en torno a los dos decretos, el estatal y el autonómico, para evaluar su adhesión. “El compromiso del Ayuntamiento es adoptar medidas que no tardarán, pero también hacerlo con el máximo rigor y todas las garantías, puesto que las medidas que se vayan a adoptar tendrán un gran impacto económico y presupuestario, una enorme complejidad técnica y una gran dificultad administrativa”, ha argumentado.

“Es fundamental, además, una aplicación coordinada de estos decretos y una adecuación a la realidad de los ayuntamientos y coherente, para así evitar que existan criterios dispares. Y precisamente en eso estamos trabajando con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y lo haremos también con la Federación Española de Municipios y Provincias para analizar diferentes posibilidades”, según ha desgranado.

Como conclusión, Sonia Gaya ha citado los cuatro principales objetivos que se marca el Ayuntamiento de Sevilla: primero, mantener la obra pública y evitar paralizaciones de contratos; segundo, dar respuesta adecuada a las empresas y a todos los trabajadores y trabajadoras que realizan su trabajo en la ciudad de Sevilla; tercero, adecuar los contratos a la situación económica actual dentro de las posibilidades del marco normativo vigente y, en su caso, haciendo las propuestas de mejora para adaptarlas a las necesidades de las administraciones locales; y cuarto, garantizar que esta adecuación no suponga graves problemas administrativos o económicos para la administración local que puedan ser insalvables.