El Ayuntamiento de Sevilla inicia la contratación de los informes de identificación y localización de fibrocemento y derivados del amianto en edificios municipales y de prioridad para su retirada

Se licita una asistencia técnica con un presupuesto de 54.475 euros y un plazo de ejecución de 4 meses que cumple con la normativa reciente y que establece “las medidas necesarias relacionadas con la salud y el medio ambiente”, según ha destacado el delegado del área, Juan Tomás de Aragón

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Modernización Digital, ha aprobado la licitación del contrato para el análisis y la elaboración de un censo sobre la localización, ubicación, valoración económica, definición del procedimiento y programación temporal de retirada de fibrocemento y componentes constructivos relacionados con el amianto en edificios municipales. Esta iniciativa comporta un presupuesto de 54.475 euros y un plazo de cuatro meses de duración y se impulsa en cumplimiento de la reciente aprobación de la ley 7/2022 del Gobierno de España que implica el marco regulatorio para la elaboración de estos censos por parte de los municipios. Se encuadra, asimismo, en el acuerdo presupuestario vigente con el grupo municipal de Izquierda Unida.

“Con este contrato de asistencia técnica, el gobierno municipal toma la iniciativa y pone en marcha una programación que responde a todas las garantías necesarias con el objetivo de cumplir con la ley, proteger la salud de los usuarios y trabajadores municipales y establecer las medidas necesarias para la eliminación de estos materiales de acuerdo a criterios como la salud, la economía circular y el respeto al medio ambiente”, ha destacado el delegado del área, Juan Tomás de Aragón. Este contrato responde, asimismo, a un compromiso asumido por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

Según el pliego del Servicio de Oficina Técnica de Edificios Municipales, este contrato incluye la redacción de informes individualizados por inmueble, las catas necesarias para visualizar elementos ocultos en las edificaciones, la planificación del desamiantado según la normativa aplicable, la catalogación de su grado de peligrosidad así como la divulgación de los resultados. Estas conclusiones deben contener el informe de inspección global que incluya todas las fuentes de amianto detectadas así como las recomendaciones sobre su gestión incluyendo la descripción de las técnicas más adecuadas para la eliminación y traslado a espacio específico de depósito y eliminación.

Conforme a él se elaborará un plan de gestión en el que se indique el tratamiento, la estimación del coste del desmantelamiento y eliminación del amianto en cada uno de los inmuebles municipales de carácter público que se priorizará según el grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. Esta planificación temporal del desamiantado se diseñará por anualidad y como máximo hasta el año 2028 priorizando el riesgo que supongan.