La intervención en la fosa de Pico Reja ha localizado ya restos de 950 personas e inhumaciones que alcanzan hasta la década de los 40

La intervención, coordinada desde la oficina de memoria histórica del Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra aproximadamente con un 18% de los trabajos ya realizados De acuerdo con los hallazgos, los enterramientos sin control con cuerpos arrojados sin ningún respeto y en posiciones inverosímiles en esta fosa continuaron después del año 36, situación que no estaba contemplada en los estudios y trabajos previos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas,  el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, y la delegada de Igualdad, participación ciudadana, educación y coordinación de distritos, Adela Castaño, han visitado hoy los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja licitados por el Ayuntamiento de Sevilla y que está llevando a cabo la Fundación Aranzadi. Este proyecto cuenta con un presupuesto 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años, y se desarrolla sobre una superficie de 672 metros cuadrados ubicada en el cementerio de San Fernando que había sido señalizada y localizada previamente.

La intervención, coordinada desde la Oficina de memoria histórica del Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra aproximadamente con un 18% de los trabajos ya realizados. Durante este periodo se han localizado restos de 950 personas de las que unas 167 tienen indicios claros de ser represaliados. De hecho, se han localizado ya enterramientos con indicios claros de violencia como roturas perimortem, ataduras en las muñecas y orificios de proyectiles. De acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley de Memoria histórica y democrática de Andalucía estos hallazgos se han notificado a la Policía Nacional.

De acuerdo con los hallazgos detectados durante la investigación, los enterramientos sin control con cuerpos arrojados sin ningún respeto y en posiciones inverosímiles en esta fosa continuaron después del año 36, situación que no estaba contemplada en los estudios y trabajos previos. Concretamente, se siguieron produciendo en los años 40 usando esta misma fosa y el mismo espacio. Aún se está en proceso de evaluar cuántas personas de esa década fueron arrojadas en esta fosa y su procedencia.

La realidad de esta fosa convierte este proceso de intervención y exhumación probablemente en el proyecto más complejo de estas características que se ha desarrollado en todo el país debido a la coincidencia en un mismo espacio de restos de personas represaliadas, de osarios e incluso de ataúdes de distintas épocas, lo que dificulta todo el trabajo de identificación y exhumación de los restos humanos.

Todo este proyecto, bajo la coordinación de la oficina de memoria histórica dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad, Educación y coordinación de distritos se está realizando en contacto permanente con los familiares de las víctimas. De hecho, antes de proceder al inicio de los trabajos ya se habían tomado más de 270 pruebas de ADN de familiares con el objetivo de identificar a las personas que están enterradas en la fosa.

La licitación de este contrato la realizó el Ayuntamiento de Sevilla por 1,1 millones de euros. No obstante, posteriormente se suscribieron convenios de colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial que aportaron 265.000 euros cada una de ellas a este proyecto. En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció hoy la intención del Gobierno central de sumarse con una aportación a este proyecto de forma que las cuatro administraciones financiarían de forma conjunta los trabajos.

El proyecto se desplegará a lo largo de cuatro años en tres fases. La primera atañe a la exhumación en sí y la identificación de los cuerpos, con trabajos que incluyen: la excavación arqueológica; intervención sobre los restos encontrados (la excavación y la identificación directa e individualizada de estos cuerpos determinarán si son o no represaliados o represaliadas); exhumación (identificación, registro de huellas sobre violencia y extracción individual de cada cuerpo o resto); antropología forense (es decir, fijar sexo, edad, patologías o anomalías); análisis antropológico de manera en laboratorio; y conservación y protección para preservar estos restos óseos y análisis de ADN.

La segunda fase consistirá en la realización de un informe final como lógica contribución a la historia de la represión franquista.  Y la última fase será el destino final de los restos. Con respecto a los cuerpos que efectivamente hayan sido identificados se respetará en todo momento el deseo de las familias. Sobre los restos no identificados y/o que los familiares expresen el deseo de permanecer en el mismo lugar, se inhumarán en un espacio autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para identificaciones en un futuro.  Tras finalizar los trabajos, se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de la fosa de Pico Reja.

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