Reglamento de Participación Ciudadana y Juntas Municipales de Distrito

El 5 de enero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, que en su art. 1 establece como objeto de la misma la regulación del derecho de participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales en Andalucía, en condiciones de igualdad, de manera real y efectiva, ya sea directamente o a través de las entidades de participación ciudadana en las que se integre la ciudadanía, así como el fomento de su ejercicio, en el marco de lo establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los tratados comunitarios.

La disposición final segunda del precitado texto normativo prescribe la obligación de los municipios andaluces de adaptar los reglamentos de participación ciudadana a lo dispuesto en la misma en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, es decir, que se producirá el 5 de enero de 2019. Por tanto, la fecha límite para cumplir con la obligación impuesta por el texto normativo de la Comunidad Autónoma queda señalada para el 5 de enero de 2020.

No obstante, el Ayuntamiento de Sevilla con el objetivo de armonizar los principios y conceptos articulados en la Exposición de Motivos de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía y en la propia Ley de Autonomía Local de Andalucía, entre los que cobra una especial relevancia el de promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento de las Administraciones públicas andaluzas, ha adoptado el acuerdo de llevar a cabo la modificación de los Reglamento de Participación Ciudadana y el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito, y refundirlos en un solo texto, incorporando y desarrollando aquellos aspectos que deben ser objeto de reglamentación municipal en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización reconocida a los municipios por el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local.

Igualmente, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de ambos Reglamentos, se hace necesario adaptar nuestros instrumentos normativos a las previsiones legales contenidas en el marco normativo básico local, como son la contempladas en la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Asimismo, y a fin de dar cumplimiento a la obligación de participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece en el artículo 133.1 lo siguiente:

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una CONSULTA PÚBLICA PREVIA, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Dichos requisitos inciden en aspectos regulados en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía Transparencia y, en la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Sevilla aprobada por acuerdo plenario de fecha 31 de mayo de 2016, que señala que deberán ser objeto de publicación los documentos que, conforme a la legislación vigente, deben ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación.

 

En consecuencia, se somete a CONSULTA PÚBLICA PREVIA esta iniciativa a través del portal web del Ayuntamiento de Sevilla, con la finalidad de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la misma, durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio, sobre las cuestiones que a continuación se exponen:

 

1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR

Los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa normativa son:

  • Adaptar los Reglamentos objetos de modificación a las previsiones legales establecidas en los textos normativos aprobados con posterioridad.
  • Incorporar a la normativa municipal los procesos de participación ciudadana de la nueva Ley de Participación Ciudadana de Andalucía.
  • Agilizar el proceso de selección de los vocales representantes de las entidades ciudadanas en las Juntas Municipales de Distrito.
  • Reflejar en el pleno de las Juntas Municipales de Distrito la realidad del tejido social de la ciudad.
  • Mejorar el funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito.

 

2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

El mandato impuesto por la disposición final segunda de la 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, de adaptación de los reglamentos de participación ciudadana de los municipios andaluces a las previsiones de la citada norma, nos ofrece el marco para poder adaptar los instrumentos normativos municipales a las nuevas necesidades participativas de la ciudadanía sevillana.

La implantación de nuevos canales e instrumentos de participación permitirá estrechar la colaboración de la ciudadanía y asociaciones con el gobierno municipal en la implementación de políticas públicas. 

Sin duda, dicha colaboración reforzará la confianza ciudadana al dotar las decisiones de los representantes del gobierno municipal de una mayor legitimidad y credibilidad.

 

3. OBJETIVOS DE LA NORMA

A grandes rasgos, los objetivos que se pretenden alcanzar con este nuevo proyecto normativo son los siguientes:

  • Reforzar la participación ciudadana con nuevos procesos de participación que hagan efectivo el ejercicio de un derecho que nuestra Carta Magna reconoce en su art. 9.3.
  • Articular herramientas y canales ágiles, sencillos y asequibles a los potenciales usuarios de dichos instrumentos.
  • Visibilizar plataformas y otros colectivos sin personalidad jurídica que están adquiriendo en los últimos años un protagonismo creciente en la canalización de demandas y reivindicaciones de la ciudadanía.
  • Ampliar la representación de la sociedad civil y reducir el peso de la representación de los grupos políticos municipales en los órganos de gobierno de los Distritos Municipales.
  • Potenciar e incentivar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos participativos para lograr interacciones rápidas y eficaces de la ciudadanía con los representantes políticos.
  • Hacer extensivo el derecho a la intervención en los asuntos públicos a los mayores de 16 años.


4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS

Dado que una de las necesidades que motivan esta iniciativa es la necesaria adaptación al marco normativo vigente, resulta imprescindible acudir a la técnica regulatoria prevista en el art. 123, c) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que señala de obligada regulación mediante reglamento orgánico la materia objeto de la presente iniciativa.

 

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